28S: Niñas, adolescentes y el derecho a decidir en Guatemala

• Nahualá: donde muchas niñas son criadas para ser esposas y madres
• Derecho al aborto en Guatemala: un derecho negado
• Aborto terapéutico: ¿realmente hay acceso?
• Ruta de atención a las víctimas de violencia sexual
• ¿Dónde está el Estado?

El embarazo adolescente en Guatemala, representa entre el 16% y el 18% de todos los nacimientos. En 2022, el UNFPA reportó que cada día 176 niñas y adolescentes eran madres, lo que equivalía a más de 64 mil nacimientos al año.

En enero y febrero del 2025, el Registro Nacional de las Personas en Guatemala (RENAP), reportó la inscripción de 4,316 bebés de madres entre los 10 y 17 años.

96 de los nacimientos se dieron en niñas de 10 a 13 años. 270, en niñas de 14 años y 3,930 en adolescentes entre 15 y 17 años. Al 30 de abril del 2025, se reportaron 754 embarazos en niñas menores de 14 años. OSAR Guatemala

La situación es alarmante y la pregunta es ¿dónde está la protección que debe garantizar el Estado por sus vidas, su seguridad, integralidad y sus derechos humanos?

En el marco del 28 de septiembre, “Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”, conversamos con una organización de Guatemala, coparte de FCAM Foundation, para tener una mirada aproximada de la realidad de las niñas y adolescentes del municipio de Nahualá.

Nahualá: donde muchas niñas son criadas para ser esposas y madres

Nahualá es un municipio del departamento de Sololá, con alto índice de embarazos. En 2024 se registraron 218 embarazos en adolescentes entre 13 y 19 años, según datos del Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) Guatemala, 2025.

En las comunidades de este municipio hay altos índices de uniones tempranas, violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar. Son comunidades donde las niñas, adolescentes y mujeres carecen de oportunidades por el modelo patriarcal.

En Nahualá, es frecuente que a las niñas y adolescentes mayas kiches desde temprana edad se les enseñe a ser madres y esposas. Por lo tanto, su educación no es una prioridad y esto se refleja en la baja escolaridad de muchas mujeres.

Por esta situación, muchas niñas «no tienen conocimiento sobre derechos humanos y sexualidad. Sienten pena, miedo, vergüenza, incomodidad e inseguridad para abordar temas relacionados a la sexualidad», se les dificulta identificar los tipos de violencia y muchas carecen de un plan de vida a corto, mediano y largo plazo.

También, muchas mujeres y adolescentes que se encuentran en una relación, no pueden usar métodos anticonceptivos porque sus parejas son quienes deciden cuántos hijos tener.

Una gran cantidad de las personas de Nahualá profesan la religión evangélica o católica. Por lo tanto, si una mujer intenta romper el molde de los roles tradicionales de género, estará mal vista y estigmatizada.

Derecho al aborto en Guatemala: un derecho negado

FCAM: ¿Qué nos pueden compartir sobre la situación del aborto en Guatemala?

Coparte: El aborto está fuertemente polarizado: la ley solo permite el aborto terapéutico para salvar la vida de la madre, mientras que la Constitución protege la vida desde la concepción. 

La sociedad guatemalteca es conservadora, con fuertes movimientos que se oponen a la despenalización, especialmente en casos de violación. Dicha prohibición viola derechos fundamentales, promueve abortos inseguros y penaliza a las víctimas de violencia sexual. 

Las organizaciones religiosas están en contra de la despenalización del aborto, independientemente si el embarazo fue o no consentido.

El Artículo 8 de la Constitución de Guatemala garantiza la vida desde la concepción, lo cual se refleja en el Artículo 137 del Código Penal, que establece el aborto como delito, excepto el aborto terapéutico. 

Datos:

• En las comunidades rurales las mujeres suelen acudir a los servicios de salud por razones de embarazos o partos.
• Las adolescentes y mujeres en general no quieren acercarse a los servicios de salud sexual y reproductiva porque tienen miedo a ser juzgadas y que su información sea del conocimiento de la población.

Aborto terapéutico: ¿realmente hay acceso?

FCAM: Desde su experiencia en las comunidades, ¿las niñas y adolescentes tienen acceso real al aborto terapéutico por razones de violencia sexual y cuando su vida está en riesgo? ¿Se les informa adecuadamente sobre esta opción en los centros de salud?

Coparte: No, las niñas, adolescentes y mujeres no gozan de este derecho porque son presionadas por sus familiares, por los líderes religiosos y por la sociedad.

Les dicen que tienen que salvar primero la vida del que está por nacer, porque ellas ya han vivido y, por ende, están obligadas a darle la oportunidad de la vida al que está por nacer.  

Además, la mayoría de los partos son atendidos por comadronas en las comunidades. En los servicios de salud les informan a los familiares el riesgo y al final los familiares son los que deciden autorizar o no el aborto.

Datos:

• Según el Sistema de Salud 14,696 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en Guatemala entre 2018 y 2024.
• En las comunidades rurales de Guatemala, la atención en educación sexual y reproductiva es precaria.
• Hablar de sexualidad es un pecado. Esto incrementa la vulnerabilidad de niñas y adolescentes.

Ruta de atención a las víctimas de violencia sexual

FCAM: ¿Qué mecanismos existen para proteger a las niñas víctimas de violencia sexual y garantizar que los agresores enfrenten consecuencias legales?

Coparte: Se cuenta con la Ruta de Atención a la Víctima de Violencia Sexual y las instituciones también tienen obligaciones.

La Ruta tiene 4 pasos:

• La víctima debe buscar ayuda de una persona de confianza, comadrona, madres guías, alcaldía auxiliar o autoridades.
• La víctima debe ser llevada o ir al hospital más cercano lo antes posible.
• En el hospital tiene que exigir el uso del kit de emergencia para evitar el embarazo e infecciones de transmisión sexual.
• El hecho debe ser denunciado ante la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o el Juzgado.

Los hospitales, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, los Juzgados y las organizaciones que brindan atención psicológica, médica y legal, también tienen obligaciones:

• Hospitales. Tienen la obligación de atender a la víctima, dar aviso al INACIF y el Ministerio Público y aplicar el kit de emergencia para casos de violencia sexual.
• INACIF. Deberá estar presente cuando el personal médico atienda a la víctima.
• Policía Nacional Civil. Deberá recibir la denuncia y capturar al agresor.
• Ministerio Público. Como ente investigador, debe acusar al agresor del delito de violación sexual.
• Juzgado. Deberá juzgar y condenar al agresor.
• Organizaciones que brindan atención psicológica, médica y legal. Lamentablemente en nuestros territorios carecemos de este tipo de acompañamiento porque no es garantizado por el Estado y aunque se cuenta con el Instituto de Atención a la Víctima, las mujeres se sienten inseguras, juzgadas y revictimizadas por esta instancia. 

En Guatemala esta es la ruta que debe seguirse para que los agresores puedan enfrentar las consecuencias legales.

Lamentablemente, muchas de las niñas, adolescentes y mujeres no cuentan con personas de confianza en sus comunidades y tienen miedo y vergüenza de hablar de lo que les pasó, y por eso deciden quedarse calladas. 

En nuestras comunidades no existe información, porque las temáticas relacionadas con la sexualidad, siguen siendo tabú.

¿Dónde está el Estado?

Agencia Ocote, en su artículo Guatemala le falla a niñas víctimas de violencia sexual, expresa: «El código penal guatemalteco considera los embarazos en niñas menores de 14 años como violaciones sexuales con agravación de la pena. Sin embargo, la persecución de este delito no es prioritario para el sistema de justicia».

Los casos de violencia sexual no son una prioridad, por lo tanto, para quienes denuncian, durante todo el proceso, prevalece la falta de cuidado, de empatía y de respeto hacia las sobrevivientes.

Esto lo vemos reflejado en algo muy concreto: muchas de las denunciantes no hablan español, otras tienen, por ejemplo, discapacidad auditiva, sin embargo, el sistema no brinda intérpretes que se ajusten a sus necesidades.

Todo esto es violencia estructural. Una violencia que además es alimentada, fortalecida y sostenida, entre otras cosas, por el poder de los grupos fundamentalistas (de la élite económica, con raíces en el Opus Dei), quienes mueven sus teclas en todo el ecosistema estatal y político partidario, a través de estrategias muy concretas:

• Incidir en el Congreso y en las cortes de justicia, para no sólo seguir garantizando la penalización del aborto, sino también endurecer las penas e intensificar la criminalización.

• Garantizar que la Educación Sexual Integral, científica y laica, se mantenga eliminada del sistema educativo, promoviendo en su lugar, una visión religiosa y moralista sobre la sexualidad.

• Generar discursos de odio y desinformación, calificando el aborto como asesinato y criminalizando a quienes lo practican o lo acompañan, con fuerte presencia en medios de comunicación y redes sociales.

Este enfoque hace que los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, sean anulados y sus vidas estén a expensas y en función del sistema, del Estado, de la religión, garantizando un rol meramente reproductivo, cueste lo que cueste, porque sus vidas —para el sistema— no cuentan.