“Hace muchos años me vi en una situación de emergencia obstétrica que casi me arrebata la vida. Había elegido quedar embarazada, pero en el primer chequeo me di cuenta de que algo andaba mal; empecé a sentir dolores y a sangrar, y la doctora descubrió que tenía un embarazo ectópico. En ese momento me indicó una intervención de emergencia. De camino al hospital pensé en todas las mujeres, que al igual que yo estaban enfrentando una situación similar, sintiendo todo el dolor y el miedo que yo sentía, aterrada por el temor de morir y dejar huérfano a mi hijo pequeño. Pensaba en cuántas mujeres disponían de condiciones y recursos para sobrevivir, para contar con una atención médica de calidad, empática y humana; cuántas podían regresar sanas y salvas a sus hogares sin temor a ser privadas de su libertad por haber tenido que interrumpir un embarazo que no era viable y que ponía en riesgo sus vidas. Tomar conciencia de que muchísimas mujeres no pueden ejercer ese derecho, fue aún más doloroso para mí”. (Rosa)
La reflexión de Rosa en un momento tan crítico de su vida trae a la conversación lo que los movimientos de mujeres y feministas destacan una y otra vez: que toda mujer y toda persona con capacidad de gestar pueda elegir libremente maternar o no, es decir, que pueda ejercer su derecho a decidir. Pero ¿qué es el derecho a decidir? ¿Qué condiciones son necesarias para poder elegir si ser o no madre? ¿Qué desafíos existen?
Estas preguntas no se pueden responder desde la perspectiva de una sola mirada o una sola realidad; es fundamental traer voces e identidades diversas para contextualizar y matizar el análisis. Con este fin, desde FCAM Foundation invitamos a cinco organizaciones coparte para generar una reflexión colectiva, con respecto al derecho a decidir. Las organizaciones son:

El derecho a decidir en su sentido más amplio se refiere a la autonomía sobre el propio cuerpo, la sexualidad, la reproducción y el proyecto de vida, libre de las imposiciones y el control de los estados, las religiones, el mercado (1) y el patriarcado. Para millones de mujeres, personas no binarias con capacidad de gestar e identidades transmasculinas, el derecho a decidir marca la diferencia entre una maternidad forzada y una elegida, entre la libertad y la cárcel, entre la vida y la muerte.
Aunque históricamente este derecho pone un gran énfasis en la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos (entre ellos, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, y a la anticoncepción), existen otras miradas feministas que lo contextualizan en sus luchas particulares. Por ejemplo, los feminismos negros destacan que no es suficiente tener el derecho legal a no embarazarse o a abortar, sino que también se debe incluir el derecho a poder tener hijos e hijas (muchísimas mujeres racializadas, pobres e indígenas, han sido esterilizadas de manera forzada), criarles en condiciones dignas y vivir en comunidades libres de violencia estatal, policial y racista.
Desde la perspectiva de los feminismos decoloniales, la categoría “mujer” no es homogénea y el género no puede desvincularse de la raza, la clase y la herencia colonial. Los feminismos comunitarios y de pueblos ancestrales, ven los cuerpos de las mujeres como un entramado comunitario y en conexión con la Madre Tierra, en donde “cuerpo y territorio están íntimamente ligados”. Por lo tanto, defender el derecho a decidir sobre los propios cuerpos, es también defender los bosques, la tierra, los ríos, el aire y luchar contra el extractivismo que despoja a las comunidades.
Estas miradas —desde los márgenes de lo hegemónico— señalan la necesidad de una transformación profunda, en donde la capacidad real de elegir no es posible mientras exista el racismo, la pobreza extrema, el despojo territorial, la violencia colonial y las desigualdades, a como claramente lo expresan las organizaciones que nos compartieron sus reflexiones.
La Asociación Voces Nuestras entiende el derecho a decidir como un derecho fundamental para la autonomía corporal y la soberanía sobre los cuerpos y las vidas. “Para nosotras, el cuerpo es el primer territorio de defensa. Si queremos defender nuestras vidas y nuestros territorios, también necesitamos cuidar, conocer y defender nuestros propios cuerpos. Por eso, el derecho a decidir no se reduce al aborto. El aborto es una de las decisiones que forman parte de un derecho mucho más amplio: el derecho a construir y vivir nuestro propio proyecto de vida, donde podamos decidir si queremos o no tener hijas e hijos, maternar, adoptar, amar, expresar nuestra identidad, vivir nuestra sexualidad, cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo.
La Agrupación Social de Mujeres para el Desarrollo Integral (ASOMUJERDI) destaca cómo este derecho es vulnerable en las áreas rurales del municipio de Nahualá y la Bocacosta, Guatemala. Consideran que “el Estado debe garantizar una ley segura en la toma de decisión de cada mujer sobre su propio cuerpo y la libre elección de ser o no ser madre, así como poder elegir el número de hijes que desea, sin ser obligada. Este derecho también permite proteger nuestra autonomía como mujeres feministas en resistencia”.
Desde la perspectiva de la organización Beso Diverso, “este derecho es la posibilidad que tienen todas las personas a existir, ser, expresarse y estar desde sus propias convicciones y la autodeterminación de su cuerpo, viviéndolo como un derecho sobre sí mismas, mismes. Eso implica la expresión de su género y sexualidad, y decidir si desean o no continuar un embarazo”.
La organización de El Salvador expresa que este derecho “tiene que ver con algo muy profundo: poder tomar decisiones sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo sin miedo, sin violencia y sin que otras personas decidan por nosotras. Desde nuestra experiencia con mujeres rurales, sabemos que muchas veces se habla de decidir como si todas partiéramos de las mismas condiciones, pero no es así. Una mujer difícilmente puede sentirse libre para decidir si depende económicamente de otra persona, si vive violencia, si no tiene acceso a información, si los servicios de salud están lejos o si desde pequeña le han enseñado que su papel es obedecer, cuidar de otros y poner sus propias necesidades al final”.
La Movimienta, ve este derecho “desde una mirada amplia que atraviesa muchos aspectos de nuestras vidas, como los territorios, la autonomía de nuestras ideas y la autonomía de nuestras cuerpas. En La Movimienta luchamos para que se entienda que el aborto es un derecho humano, que las niñas, jóvenes, mujeres y personas con capacidad de gestar deben tener acceso a ejercer este derecho y los estados, la obligación de garantizarlo”.
Todas estas miradas nos invitan a la apertura, a la empatía y a tomar en cuenta las distintas realidades, contextos, identidades, condiciones de vida y necesidades particulares de quienes tienen capacidad de gestar.

Para el ejercicio pleno de este derecho, se requieren cambios profundos a nivel de los estado, de las instituciones, las leyes y a nivel social. Por ejemplo, tener acceso a información y a educación integral en sexualidad; contar con personal de salud sensibilizado y con protocolos que garanticen servicios confidenciales, respetuosos y libres de discriminación. En el caso de quienes decidan maternar, también es fundamental disponer de condiciones estructurales que permitan una verdadera autonomía económica y la corresponsabilidad en los cuidados.
“Necesitamos condiciones materiales para que la maternidad sea una elección y no una obligación impuesta por la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades o la ausencia de redes de apoyo… Nadie debería ser obligada a maternar ni obligada a interrumpir un embarazo. Pero la libertad para decidir no existe si las opciones no están disponibles”. Asociación Voces Nuestras.
“No podemos hablar solamente del derecho a elegir ser madre si después una mujer tiene que enfrentar sola la crianza, no encuentra empleo, no tiene ingresos suficientes, no cuenta con servicios de cuidado o toda la responsabilidad de los hijos e hijas recae sobre ella. Maternar también debería ser una decisión acompañada y sostenida por la familia, la comunidad y el Estado”. Organización de El Salvador.
Las reflexiones parten de una convicción compartida: la maternidad es una elección personal y nunca una obligación social, por lo que decidir no ejercerla jamás debe ser motivo de estigma, rechazo ni penalización.

El principal, pero no el único obstáculo para ejercer el derecho a decidir en Centroamérica son los retrocesos legislativos que lo penalizan, eliminando causales históricas y endureciendo el castigo hacia quienes requieran la interrupción del embarazo y hacia el personal de salud que responda afirmativamente a esta necesidad.
La penalización parcial o total del aborto también se articula e incide en otros retos importantes como la falta de acceso a educación sexual científica, el incremento de la violencia sexual y las maternidades forzadas (incluyendo a niñas y adolescentes), el recrudecimiento de los fundamentalismos religiosos, el racismo y la violencia obstétrica (sobre todo hacia mujeres de pueblos ancestrales, negras y migrantes; y hacia hombres trans y personas no binarias), el estigma social y la desinformación, destacada por las organizaciones como un gran obstáculo.
Muchas personas no conocen cómo funciona su propio cuerpo, cómo prevenir un embarazo, qué opciones anticonceptivas existen o qué implica cada una. Y cuando se trata del aborto, los mitos, los miedos y la información falsa pueden poner vidas en riesgo. Asociación Voces Nuestras.
Es por eso la importancia de seguir proyectándonos a través de la comunicación, sensibilizando a las comunidades, a las autoridades locales y a las diferentes religiones, para crear conciencia sobre la importancia del derecho de las mujeres a decidir si maternar o no. ASOMUJERDI.
A la desinformación también se le suma la falta de empatía, como plantea Beso Diverso: “También nos enfrentamos a una población que, al no experimentar esa necesidad de manera tan urgente, podría manejar una serie de prejuicios sobre el ejercicio de maternar o no libremente”.
La organización de El Salvador analiza los obstáculos desde la perspectiva de las comunidades rurales, sin embargo, mucho de lo que plantea también se aplica a otras realidades e identidades:
“Uno de los desafíos más fuertes es que persisten ideas arraigadas sobre lo que significa ser mujer. Desde pequeñas, muchas niñas crecen escuchando que algún día tienen que casarse, tener hijos, cuidar una familia y asumir la mayor parte de las tareas del hogar. Poco se les pregunta qué quieren hacer ellas con su propia vida.
A esto se suman las desigualdades económicas. Para muchas mujeres rurales no tener ingresos propios significa depender de su pareja o de su familia, y esa dependencia puede limitar muchísimo su capacidad para tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus relaciones y su futuro.
Y hay una realidad que no podemos dejar fuera: la violencia contra las mujeres también limita profundamente la capacidad de decidir. Una mujer que vive violencia, control o coerción dentro de una relación no está tomando decisiones en igualdad de condiciones”.
El desafío está en construir comunidad activista, que también se movilice frente a las injusticias reproductivas… En los últimos años en Centroamérica nos encontramos ante un avance de los grupos conservadores y antigénero. También hay retrocesos democráticos y el cierre del espacio cívico. No hay posibilidad de establecer interlocución con instituciones del Estado. La incidencia, como la conocíamos, ya no tiene lugar… Nuestros derechos son moneda de cambio, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, y en específico, el derecho al aborto. La Movimienta.

En Nicaragua, El Salvador y Honduras el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluso si el embarazo fue producto de una violación, incesto, si hay inviabilidad fetal o si la vida y la salud de la mujer o de la persona gestante corren peligro. Estos tres países están catalogados entre aquellos con las leyes más punitivas de todo el mundo.
Costa Rica, Panamá y Guatemala son países con excepciones limitadas. En Costa Rica el aborto terapéutico se permite si la vida o la salud de la persona corre peligro y si este riesgo no puede ser evitado por otros medios. Aun así, el acceso sigue enfrentando barreras burocráticas y objeción de conciencia médica.
En Panamá el Código Penal permite el aborto bajo causales estrictas: 1) el aborto terapéutico, cuando está en riesgo la vida y la salud de la persona, respaldado por un junta médica. 2) El aborto ético, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, el cual debe ser previamente denunciado. No obstante, los procedimientos y requisitos legales son sumamente complejos.
En Guatemala el Código Penal sólo permite el aborto terapéutico, el cual debe ser diagnosticado por médicos. De no ser así, se castiga con prisión tanto a la persona embarazada como a quien lo realice.
La libertad de decidir sobre el propio cuerpo es un derecho que en algunos países de Centroamérica ha sido arrebatado totalmente y en otros se siente cada vez más lejano, con mayores obstáculos y restricciones. Sin embargo, las organizaciones que forman parte de los movimientos de mujeres y feministas de nuestra región y que sostienen incansablemente la lucha por este derecho, se han caracterizado por nunca claudicar. Mientras más obstáculos enfrentan, más creativamente resurgen: mutándose, transformándose, reinventándose y ampliando las redes que unen y salvan las vidas de niñas, mujeres, personas trans y no binarias.
(1) El mercado convierte en recurso reproductivo y en objeto de consumo los cuerpos de las mujeres, sobre todo, de mujeres racializadas y en situación de vulnerabilidad social y económica. Convierte la gestación, el cuidado, el afecto y la sexualidad en servicios que se pueden comprar, alquilar o vender. También, el mercado global se sostiene históricamente sobre la creencia de que el trabajo de sostener la vida debe ser gratuito o mal pagado, recayendo principalmente en cuerpos de mujeres migrantes y racializadas.